18/06/2026 21:23 - Economia
Un barco de carga navegando por un río con instalaciones portuarias y campos de cultivo en los costados.
El gobierno de Javier Milei completó la adjudicación de la concesión de la Hidrovía a la empresa Jan De Nul-Servimagnus, marcando el final de la gestión estatal sobre esta crucial vía de transporte. La resolución, formalizada a través de la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, establece que la compañía belga operará el sistema por los próximos 25 años, asumiendo riesgos comerciales sin respaldo estatal.
La Hidrovía, o Vía Navegable Troncal, es una ruta de 1.635 kilómetros que conecta los principales puertos del litoral argentino con el océano Atlántico. Por ella circula el 80% de las exportaciones argentinas, principalmente granos y derivados. Su eficiencia es, por lo tanto, un factor determinante para la competitividad de todo el sector agroexportador.
El proceso no estuvo exento de controversias. La cámara empresaria CIARA-CEC, que representa a la industria aceitera, envió una carta al ministro de Economía Luis Caputo para presionar por una definición y solicitar la exención del pago del IVA a las empresas dragadoras, un impuesto que actualmente no pueden descargar y que encarece el peaje.
Por otro lado, la empresa competidora DEME, que quedó segunda en la licitación, también le envió una carta a Caputo cuestionando el proceso y ofreciendo una rebaja adicional del 17,4% sobre la tarifa máxima, lo que implicaría un ahorro de al menos USD 2.500 millones a lo largo de los 25 años. En su misiva, DEME destacó sus vínculos con Estados Unidos y argumentó que su adjudicación fortalecería la relación bilateral.
¿Qué es la Hidrovía? Es un sistema de vías navegables que permite el transporte de mercancías a bajo costo. En Argentina, la Vía Navegable Troncal es la arteria principal para las exportaciones de soja, maíz y trigo.
¿Por qué es importante? La privatización busca eficiencia y modernización. El gobierno argumenta que la gestión privada traerá inversiones y reducirá costos, pero críticos señalan que se pierde control soberano sobre un recurso estratégico y que el proceso fue impulsado por presiones empresariales y geopolíticas.
Próximos pasos: La firma del contrato está prevista para dentro de un máximo de 30 días. El Estado mantendrá el rol de control, pero la operación, modernización y mantenimiento pasarán a manos privadas.
Alfredo S. Quiroga
