20/06/2026 12:31 - Economia
Planta moderna de producción de biocombustibles con silos de almacenamiento, tecnología de procesamiento de biodiésel y bioetanol, tuberías industriales, campos agrícolas de soja y maíz en el horizonte bajo cielo azul
El Senado de la Nación se convirtió en el escenario de un debate que definirá el rumbo energético argentino para las próximas décadas. En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Minería, Energía y Combustibles, once expositores presentaron posiciones encontradas sobre seis proyectos de ley que buscan actualizar el marco regulatorio de los biocombustibles, un tema que lleva 15 años de idas y vueltas en el Congreso.
La voz más escuchada fue la de Mauricio Martín, director suplente de YPF SA y vicepresidente Ejecutivo Midstream & Downstream, quien sorprendió al apoyar públicamente el proyecto presentado por la senadora libertaria Patricia Bullrich. Sin embargo, dejó una advertencia clara: un corte superior al 10% de biodiésel en el gasoil no es viable por limitaciones en la cadena logística y comercial.
"No es una limitación de voluntad, sino en la cadena logística y comercial que debe tenerse en cuenta", expresó Martín durante su exposición.
La iniciativa impulsada por Bullrich y otros seis senadores establece un régimen con vigencia de 15 años y contempla los siguientes porcentajes de mezcla obligatoria:
| Combustible | Corte inicial | Corte tras un año |
|---|---|---|
| Biodiésel en gasoil | 7,5% | 10% |
| Bioetanol en naftas | 12% | 15% |
El proyecto incluye excepciones específicas para el uso de gasoil en zonas frías de la Patagonia, la minería, las centrales eléctricas y las operaciones en la Antártida.
En cuanto al impacto en el precio del combustible, Martín precisó que el corte actual de 7,5% representa el 4,5% de lo que paga el consumidor. Llevarlo al 10% implicaría aproximadamente tres puntos adicionales.
El contador Claudio Molina, principal impulsor de los biocombustibles en Argentina durante este siglo, ofreció una perspectiva diametralmente opuesta en una entrevista con Clarín Rural. Su diagnóstico fue contundente: existe un fenómeno de "captura del regulador", donde los sectores que deberían ser regulados terminan condicionando al organismo que debe controlarlos.
Molina consideró que es "inconstitucional" la disposición de la Ley 27.640 que prohíbe la participación de los grandes traders de la molienda de oleaginosas en el mercado local de biodiésel. La ley vigente excluyó a los grandes complejos aceiteros integrados de la posibilidad de abastecer el mercado obligatorio.
Cuatro empresas explican aproximadamente el 94% del mercado de combustibles líquidos en Argentina. Esa estructura de alta concentración condiciona las decisiones sobre biocombustibles.
El experto defendió el proyecto impulsado por Alejandra Vigo, Camau Espínola y Carolina Moisés como el más equilibrado, argumentando que logró un amplio consenso dentro de la industria y contempla mecanismos para que convivan distintos tipos de empresas, evitando procesos bruscos de concentración económica.
Uno de los argumentos más recurrentes contra los biocombustibles es su supuesto costo fiscal. La Oficina de Presupuestos del Congreso estableció un costo fiscal para el proyecto de Vigo de US$ 180 millones.
Sin embargo, Molina contraargumentó con una cifra contundente: desde el último cuatrimestre de 2019 hasta hoy, el Estado ha asumido aproximadamente US$ 12.000 millones (equivalente en pesos) por la postergación parcial o total del ajuste trimestral por IPC-INDEC de las alícuotas del impuesto a los combustibles y dióxido de carbono.
"No resulta ecuánime plantear la cuestión del costo fiscal de los proyectos de biocombustibles en esta circunstancia", señaló Molina.
El debate generó pronunciamientos cruzados. Por un lado, la Cámara Santafesina de Energías Renovables señaló una "profunda contradicción" entre los principios de libre competencia invocados por el gobierno nacional y el tratamiento regulatorio propuesto para el biodiésel, que expone a los productores independientes a una competencia desigual.
Por otro lado, un comunicado conjunto del Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Bioetanol de Maíz, Coninagro, Maizar, BioPyme y otras entidades, calificó la iniciativa de Bullrich como "una oportunidad estratégica para consolidar una política energética moderna, federal y orientada al crecimiento productivo".
Federico Pucciarello, CEO de Essential Energy, sostuvo que hay que buscar un proyecto "de consenso" y señaló que tanto el de Bullrich con aditivos y correcciones, como el de Santa Fe y el de la senadora Royón pueden mejorarse para lograr el mejor resultado para el conjunto.
La actual Ley 27.640, sancionada en 2021 cuando venció la Ley 26.093, establece un contenido obligatorio de biodiésel en gasoil del 7,5% teórico, aunque en la práctica apenas supera el 6%. En algunos momentos de 2023, el corte efectivo no llegó al 4%.
Para el bioetanol, el contenido obligatorio es del 12%, distribuido equitativamente entre etanol de caña de azúcar y etanol de maíz. Cuando una de las dos industrias no puede abastecer completamente su oferta, la otra compensa la diferencia.
El año 2021 fue particularmente conflictivo: el corte obligatorio de biodiésel fue reducido del 10% al 5%, y cuando se produjo una crisis de abastecimiento de gasoil en 2022, el gobierno tuvo que elevarlo al 7,5% y habilitar cortes transitorios de hasta 12,5%.
Molina sintetizó la importancia del debate: "Lo que está en juego es el modelo energético de las próximas décadas". Argentina tiene la posibilidad de construir una estrategia que combine desarrollo agroindustrial, generación de empleo, reducción de emisiones, mejora de la calidad del aire y fortalecimiento de las economías regionales.
El experto también alertó sobre la concentración del mercado: siete grupos económicos concentran entre el 94% y 96% de la capacidad instalada de molienda de soja del país, mientras existen unas 25 empresas no integradas elaboradoras de biodiésel que hoy abastecen el mercado obligatorio.
El sector del bioetanol muestra mayor consenso entre las industrias de maíz y caña de azúcar, pero la falta de acuerdo en biodiésel frena el crecimiento de toda la cadena de biocombustibles.
Muchas de las plantas que hoy abastecen el mercado interno fueron construidas específicamente para ese fin. Si desaparecen, se perderían empleos, inversiones y actividad económica en distintas regiones del país.
El proyecto debe equilibrar el desarrollo regional, la competencia y la preservación del entramado productivo, según los especialistas consultados.
Alfredo S. Quiroga
