30/03/2026 18:14 - Actualidad
La Cámara de Diputados se convirtió en el escenario de un acontecimiento sin precedentes: una audiencia pública que atrajo a más de 100.000 ciudadanos inscriptos para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, un récord de participación democrática en la historia parlamentaria argentina.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca transferir a las provincias la potestad de definir qué glaciares y ambientes periglaciales merecen protección. La iniciativa permitiría autorizar actividades extractivas, como la minería, si se demuestra mediante estudios (frecuentemente financiados por las propias empresas) que no se afecta el recurso hídrico.
Esta modificación invierte el principio precautorio que rige el derecho ambiental internacional, según el cual, ante la posibilidad de daño grave o irreversible, corresponde tomar medidas de protección incluso sin tener certeza científica absoluta.
La Ley 26.639, sancionada en 2010, establece un paradigma de vanguardia mundial. Su objetivo central es preservar los glaciares y sus entornos como reservas estratégicas inalienables de recursos hídricos.
Fuente: Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)
El IANIGLA publicó en 2018 el Inventario Nacional de Glaciares, identificando 16.968 cuerpos de hielo que abarcan aproximadamente 8.484 kilómetros cuadrados a lo largo de la cordillera de los Andes.
Los glaciares ocupan solo el 0,25% del territorio nacional, pero aportan recursos a más del 36% de las cuencas hídricas del país, convirtiéndose en una fuente crítica de agua para millones de personas.
La convocatoria masiva superó toda previsión institucional. Ante este escenario, las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales (presidida por el diputado José Peluc) y Asuntos Constitucionales (presidida por el diputado Nicolás Mayoraz) implementaron criterios restrictivos que limitaron la participación efectiva.
De los más de 100.000 inscriptos, solo un grupo exiguo de aproximadamente 400 personas fue autorizado a exponer oralmente, y cerca de 200 lograron hacer uso efectivo de la palabra. Esto representa apenas el 0,2% del padrón original.
El procedimiento establecido por las comisiones ofreció dos vías alternativas para la mayoría de los inscriptos:
Sin embargo, la modalidad audiovisual registró un bajo éxito de carga, con apenas un 0,07% de los ciudadanos marginados de la oralidad presencial logrando completar sus ponencias.
Andrés Nápoli, director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), calificó la iniciativa como "gravemente inconstitucional" y anticipó que su eventual aprobación derivará en una intensa judicialización, especialmente si se transfieren competencias a las provincias para definir qué áreas proteger.
Sebastián Fermani, director de Conservación de Fundación Vida Silvestre, expresó su "profunda preocupación" por lo que consideró un "retroceso en los umbrales de protección ambiental", subrayando que en un contexto de cambio climático el debate debería enfocarse en fortalecer, no en debilitar, la protección de los recursos.
Milenka Fedorczuk, estudiante de Ingeniería Ambiental de la UNSAM, fue una de las pocas seleccionadas para exponer presencialmente. Integrante de la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), defendió la importancia de que la voz de la academia esté presente en la protección de ecosistemas críticos. "El agua no reconoce fronteras", destacó en su intervención, advirtiendo sobre el riesgo de dejar a discreción de cada provincia la protección de fuentes de agua para más de 7 millones de personas.
La Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú, un tratado de derechos humanos que establece estándares mínimos para los procesos participativos ambientales. Entre sus exigencias, se encuentran:
La doctrina jurídica subraya que la participación efectiva requiere la interacción dinámica, la oralidad y la capacidad real de influir en los tomadores de decisiones mediante el intercambio de argumentos en tiempo real.
El bloque oficialista proyecta convocar a un plenario conjunto de comisiones en la primera quincena de abril, estimativamente entre los días 7 y 8, con el objetivo de emitir un dictamen favorable a la reforma. La intención es llevar el proyecto al recinto para su aprobación definitiva a mediados del mes, posiblemente alrededor del 15 de abril.
Organizaciones ambientales y legisladores opositores han señalado que si el Congreso sanciona la reforma sobre la base de una audiencia pública viciada de nulidad, la nueva ley nacerá envuelta en un manto de ilegitimidad procedimental y constitucional, generando una intensa litigiosidad que podría paralizar cualquier inversión minera en las áreas afectadas.
Alfredo S. Quiroga
