20/03/2026 22:02 - Politica
La audiencia pública por la modificación de la ley de glaciares, programada para el miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 2026, se desarrollará en medio de un intenso conflicto político y judicial debido al formato establecido por el oficialismo para gestionar la participación ciudadana.
El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales abrió el llamado a la sociedad civil, pero el aluvión de inscriptos —más de 65.000 personas— obligó a las autoridades a definir un sistema que ya genera presentaciones judiciales.
La presentación fue impulsada por Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática, el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
El escrito solicita la readecuación del cronograma mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, y pide que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que restrinjan la participación oral, como el reemplazo por presentaciones audiovisuales.
La presentación recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 7 a cargo de Enrique Lavié Pico, el mismo juez que días atrás rechazó la cautelar de la CGT que buscaba frenar el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), estableció que solo podrán ingresar a la comisión los diputados integrantes de las comisiones citadas, coartando la presencia del resto de los legisladores.
Además, no podrán ingresar asesores de los legisladores, sino que solo se aceptarán dos asesores de la Secretaría Parlamentaria del bloque político al que pertenecen. El plazo para enviar los nombres vence el viernes 20 de marzo a las 19 horas.
El oficialismo tiene la intención de dictaminar la norma la semana siguiente a la audiencia y en los primeros días de abril ir al recinto para buscar su aprobación.
Según explicaron desde La Libertad Avanza, el cambio de la norma es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), considerados inversiones necesarias para el país.
Fuente: Infobae - 20 de marzo de 2026
Alfredo S. Quiroga
