14/05/2026 03:05 - Politica
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ingresó en una etapa de definición jurídica. Luego de la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo de 2026, que convocó a cientos de miles de personas en todo el país, el Ejecutivo ratificó su decisión de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso. La pulseada ahora deberá resolverla la Corte Suprema de Justicia.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió la postura oficial en un debate televisado en TN el 14 de mayo. Argumentó que la ley de financiamiento “nació muerta” porque viola la Ley de Administración Financiera y el principio de que toda asignación de gasto debe estar en el presupuesto.
“Pueden juntar 100.000, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, afirmó Álvarez. El funcionario señaló que el Estado heredó una situación de crisis y debe priorizar el equilibrio fiscal. Además, cuestionó la politización de las universidades y mencionó casos de déficit por nombramientos sin aval, como la Universidad del Oeste.
En el cruce con Franco Bartolacci, presidente del CIN, Álvarez negó que el salario de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) esté por debajo de los $650.000: “Hoy están en 826.000 pesos”, aseguró, cuestionando la gestión administrativa de los rectores.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, sostuvo que la movilización expresó una preocupación transversal de la sociedad y defendió el valor de la educación pública. Advirtió que el presupuesto universitario representa solo el 0,4% del PBI, el nivel más bajo desde 1989, y que las transferencias al sistema cayeron un 45% desde 2023.
“Entre el 60% y el 70% de los trabajadores de la educación superior percibe salarios por debajo de los 650.000 pesos mensuales. La situación es dramática”, subrayó Bartolacci. También alertó por el deterioro de los hospitales universitarios y la fuga de investigadores.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso para recomponer los presupuestos a valores de 2023, con actualización por inflación. El presidente Milei vetó la norma, pero el Congreso rechazó el veto. Luego, el Ejecutivo intentó derogarla en el presupuesto 2026, pero el Parlamento volvió a votar en contra. Finalmente, un decreto declaró “suspendida su ejecución”.
Las universidades recurrieron a la justicia y obtuvieron dos fallos favorables en primera y segunda instancia. El juez Martín Cormick ordenó una medida cautelar para que se comiencen a pagar los aumentos, argumentando que el incumplimiento afecta el derecho constitucional a enseñar y aprender. Ahora, la Corte Suprema deberá dirimir si el Ejecutivo está obligado a cumplir la ley.
El Gobierno insiste en que la marcha fue impulsada por el aparato político opositor y que el país debe hacer un “enorme esfuerzo” para salir de la crisis heredada. Por su parte, el CIN y las autoridades académicas sostienen que no se trata de un reclamo partidario sino de la defensa de un pilar histórico del desarrollo argentino, como lo es la educación pública desde los tiempos de Sarmiento.
En el entretanto, los salarios docentes continúan deteriorados y los hospitales universitarios enfrentan dificultades de financiamiento. La definición de la Corte Suprema podría demorar meses, mientras el conflicto sigue siendo un foco de tensión política y social.
Alfredo S. Quiroga
