31/03/2026 17:11 - Actualidad
La Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala III) confirmó una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso con amplio respaldo legislativo. Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán firmaron el fallo que ordena cumplir específicamente con los artículos 5 y 6 de la norma.
El tribunal no tuvo empacho en calificar los argumentos presentados por el Ejecutivo como "poco serios", en una decisión que genera un precedente importante para la autonomía universitaria y el presupuesto educativo.
La sentencia judicial establece dos puntos fundamentales que el Gobierno debe implementar de manera inmediata:
Actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios desde el 1 de diciembre de 2023, fecha en que debería haber comenzado la aplicación de la ley.
Recomposición de las becas para estudiantes, incluyendo el programa Progresar, que sufrió recortes superiores al 95%.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso con dos tercios de los votos, lo que implicaba un respaldo legislativo contundente. Sin embargo, el Gobierno dictó el Decreto 759/2025 suspendiendo su aplicación, generando un enfrentamiento institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
La medida judicial se produce en un contexto crítico para el sector:
El impacto fiscal estimado de la implementación de la ley representa aproximadamente el 0,23% del PBI, según cálculos oficiales. Expertos en políticas públicas señalan que se trata de una inversión sostenible para un país que históricamente ha priorizado la educación pública.
Las autoridades universitarias celebraron el fallo:
"Es un paso fundamental para recuperar la dignidad salarial de quienes hacen posible la educación pública en Argentina".
Por su parte, Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la UNR, declaró a la institución en "máxima alerta" en materia de ciencia y educación.
En simultáneo con el fallo judicial, los gremios Conadu Histórica, Fagdut (docentes) y Fatun (no docentes) convocaron a un paro nacional de 48 horas para los días 30 y 31 de marzo de 2026, extensivo hasta el 1 de abril.
Los reclamos incluyen:
La medida afecta a todas las universidades nacionales del país, incluyendo UBA, UNL, UTN y las escuelas pre-universitarias dependientes de las casas de altos estudios.
El fallo es una medida cautelar, lo que significa que tiene carácter provisorio hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. Sin embargo, obliga al Gobierno a implementar la ley mientras dure el proceso judicial. El Ejecutivo podría apelar la decisión ante instancias superiores, aunque la contundencia del lenguaje utilizado por el tribunal hace suponer una postura firme de la Justicia en defensa del presupuesto educativo.
Alfredo S. Quiroga
