25/03/2026 08:07 - Actualidad
La racha de Carlos Damián Araujo, alias "Culatero", se acabó en una noche de marzo. Este uruguayo de 52 años, nacido en Salto el 29 de noviembre de 1973, llevaba un mes huyendo de la Justicia cuando la Policía de Entre Ríos lo acorraló en los bañados del Arroyo Manzores, en Concordia.
La persecución comenzó cerca de las 22:25 del lunes 24 de marzo de 2026, en el cruce de calle Tucumán y las vías del barrio Belgrano Sur. Los efectivos de la Comisaría 3ª de Concordia detectaron a un sujeto en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, Culatero emprendió una desesperada huida que terminó con su rostro cubierto de barro y su libertad perdida.
Mientras corría entre los pajonales del arroyo, Culatero intentó deshacerse de las pruebas. Pero los policías registraron cada elemento que descartó:
La causa contra Culatero comenzó el 2 de febrero de 2025 en Uruguay, cuando un policía denunció que le habían robado 34 municiones y su pistola Glock calibre 9mm provista por el Ministerio del Interior uruguayo. La investigación reveló algo impactante: el autor del robo fue el propio hijo del policía, quien intercambió el arma por pasta base para consumir.
El joven, al ser descubierto, delató a Culatero como su proveedor. Los allanamientos posteriores encontraron armas de fuego, celulares, municiones y estupefacientes en la casa del prófugo.
Procesado por receptación, tráfico interno de armas y suministro reiterado de sustancias estupefacientes, enfrentaba una pena expectativa de 5 años y 6 meses de prisión. Estaba alojado en la Unidad INR Nº20 de Salto hasta que, a principios de 2026, fue intervenido quirúrgicamente. Su defensa consiguió prisión domiciliaria para su recuperación, con tobillera electrónica incluida.
El 2 de febrero de 2026, cuando la Justicia uruguaya revocó el beneficio y ordenó su regreso al penal, Culatero ya no estaba. Se había fugado y cruzado a Entre Ríos. Interpol emitió la circular roja el 23 de febrero, y la búsqueda se intensificó.
Ahora, el detenido permanece a disposición de la Justicia argentina mientras se coordina su extradición a Uruguay, que debería concretarse en un plazo no mayor a 40 días según el artículo 29 del Tratado de Extradición del MERCOSUR.
La causa quedó en manos del fiscal de turno, Martín Núñez, quien dispuso las actuaciones por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.
Alfredo S. Quiroga
