Nuevas sanciones de EE.UU. contra Cuba
El 20 de agosto de 2026, los departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos anunciaron nuevas sanciones contra nueve empresas estatales cubanas de los sectores de minería, metales y construcción, junto con la dirigencia del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Las medidas se adoptaron al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026, que autoriza castigar a quienes Washington considera responsables de la represión en Cuba o de amenazas a su seguridad nacional.
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al ICAP de patrocinar “una vasta red subversiva en Estados Unidos destinada a identificar, captar y radicalizar” a ciudadanos estadounidenses. En un comunicado, Rubio afirmó que “hace apenas unos días, el régimen intentó utilizar los 100 años del cabecilla comunista y déspota Fidel Castro para revitalizar esta red subversiva, trasladando a La Habana a una nueva brigada de simpatizantes internacionales”.
Entidades y funcionarios sancionados
Entre las entidades incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados figuran:
- Ministerio de la Construcción (MICONS), organismo creado el 23 de mayo de 1963.
- Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, situada en Moa (Holguín).
- MetalCuba, comercializadora de metales.
- Acinox Comercial, importadora de productos metalúrgicos.
- Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal).
- Acorec, agencia de contratación de mano de obra.
- Transimport, dedicada a equipos de transporte pesado.
- Consumimport y Coratur, vinculadas al Grupo Empresarial del Comercio Exterior.
Los tres sancionados a título individual son el presidente del ICAP, Fernando González Llort; la primera vicepresidenta, Noemí Ramona Rabaza Fernández; y la directora para América del Norte, Leima Martínez Freire. González Llort integró la Red Avispa, desmantelada por el FBI en Florida en 1998, y cumplió condena en Estados Unidos hasta 2014.
Detenciones en el aeropuerto de Miami
Las sanciones se producen después de una operación en el aeropuerto de Miami el fin de semana pasado, en la que varios ciudadanos estadounidenses que regresaban de Cuba, tras participar en actos por el centenario del nacimiento de Fidel Castro, fueron detenidos brevemente. A algunos se les incautaron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos para inspección.
Las autoridades estaban preparadas para detener a decenas de activistas para una revisión secundaria, pero muchos menos cumplieron los criterios para el interrogatorio reforzado por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los detenidos fueron liberados y se les permitió ingresar a Estados Unidos, pero aún podrían enfrentar procesos judiciales si se determina que violaron las sanciones, que prohíben transacciones con entidades propiedad del gobierno cubano, incluidos restaurantes, hoteles y tiendas.
Contexto: bloqueo petrolero y crisis energética
La administración Trump ha incrementado la presión sobre La Habana, amenazando con una posible intervención militar y reforzando sanciones económicas. Un bloqueo petrolero impuesto tras la incursión militar estadounidense que derrocó al líder venezolano Nicolás Maduro —cuyo país proporcionaba a Cuba petróleo gratuito— ha hundido a la isla en una crisis total.
La falta de combustible ha provocado apagones generalizados, la desaparición del transporte público, escasez de medicamentos, recortes en las horas de trabajo y la caída del turismo, el salvavidas económico de la isla. La producción de la mina de Moa, operada por la canadiense Sherritt International en sociedad con el Estado cubano, cayó a 25.240 toneladas de níquel en 2025, frente a 30.331 el año anterior, según datos de la propia compañía.
Reacción de Cuba
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que las sanciones buscan “impedir que el gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población” y obstaculizan “la transportación de contenedores con alimentos, medicinas y dispositivos médicos”. En su cuenta de X, Rodríguez acusó a Rubio de “castigar a empresas cubanas con el propósito deliberado de afectar” la economía de la isla, y calificó la política del secretario de Estado como “su fracasada obsesión contra Cuba”.
El gobierno cubano no había respondido oficialmente al cierre de esta edición, pero históricamente denuncia las sanciones y el embargo de décadas como un ataque injusto a una nación pobre por diferencias ideológicas.
Calendario y próximos pasos
El Tesoro precisó que no tiene intención de perseguir a personas extranjeras que realicen operaciones necesarias para liquidar sus negocios con el MICONS o sociedades participadas en un 50% o más, siempre que ese proceso concluya antes del 19 de septiembre de 2026. Quienes no puedan cerrarlo en plazo deberán dirigirse a la línea de cumplimiento de la OFAC.
Las sanciones se suman a una secuencia iniciada el 7 de mayo con el conglomerado militar GAESA, continuada el 4 de junio con la designación del dictador Miguel Díaz-Canel y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el 6 de agosto con trece objetivos vinculados a compras de armamento. La administración Trump también ha intensificado una campaña que presenta a Cuba como una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, acusando al gobierno cubano de patrocinar activismo de izquierda y antiestadounidense durante las últimas seis décadas.