Un paso hacia la reconciliación
El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes 14 de agosto de 2026 el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para 131 personas que se encontraban detenidas. La medida fue acordada por los tribunales de la República, a petición del Ministerio Público, luego de que el programa solicitara evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con "atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República".
El anuncio llega dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, promovido por Estados Unidos. Las conversaciones, que concluyeron esta semana, están orientadas a abordar la transición política y la situación institucional del país caribeño.
"El Programa ratifica que continuará decididamente apoyando las iniciativas del Gobierno nacional y de la sociedad civil organizada orientadas a favorecer el reencuentro entre los venezolanos", señala el comunicado oficial.
El caso de Emirlendris Benítez
Entre las personas liberadas se encuentra Emirlendris Benítez, uno de los casos más emblemáticos de persecución política denunciados en los últimos años. Benítez fue detenida en agosto de 2018, cuando tenía cuatro meses de embarazo, después de ser relacionada con el atentado con drones ocurrido durante un acto militar en Caracas en el que participaba el entonces presidente Nicolás Maduro.
La justicia chavista la condenó a 30 años de prisión por delitos como terrorismo, traición a la patria y homicidio calificado en grado de frustración. Durante su encarcelamiento, Benítez sufrió torturas que le provocaron graves daños físicos: perdió el embarazo y quedó con problemas de movilidad que posteriormente hicieron necesario el uso de una silla de ruedas.
Su caso llegó a instancias internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor en 2020, y en 2022 el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria pidió su liberación inmediata.
Otras liberaciones y reacciones
La salida de Benítez se produjo junto con la de otras cinco mujeres. La ONG Foro Penal confirmó hasta el momento 64 excarcelaciones durante la jornada y aclaró que el proceso continuaba. "Es importante que el proceso de excarcelaciones haya recomenzado, pero es más importante que no termine hasta que no quede ni un preso político tras las rejas", expresó Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.
También fueron liberados Juan Carlos Marrufo, ciudadano ítalo-venezolano e ingeniero eléctrico, arrestado en 2019 y condenado a 30 años de prisión, y su esposa María Auxiliadora Delgado Tabosky. Además, salieron del Rodeo I un grupo de involucrados en el caso Plaza Venezuela, por el que se detuvieron a centenares de personas por la supuesta colocación de un explosivo en un sitio público de Caracas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró las excarcelaciones como "un paso crucial para el proceso de reconciliación del país" y señaló que desde el 3 de enero se ha puesto en libertad a 1.046 venezolanos.
Contexto: la Ley de Amnistía
La medida se enmarca en la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026 con el objetivo de consolidar la reconciliación y la paz social. Según balances oficiales, más de 12.000 personas habían solicitado su amparo en mayo, de las cuales casi 9.000 fueron beneficiadas. En un balance posterior de 200 días de gestión, Delcy Rodríguez informó que 8.740 personas se beneficiaron de la ley.
La ley promueve la reintegración civil de personas procesadas por motivos políticos y se articula con una reforma integral del sistema judicial. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que una excarcelación bajo medidas cautelares no equivale necesariamente al reconocimiento de la inocencia de los afectados, y que en muchos casos quienes abandonan las cárceles continúan sometidos a restricciones judiciales.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos celebró especialmente la salida de Benítez, pero recordó que todavía existen personas privadas de libertad por causas políticas: "La lucha no termina aquí", sostuvo la organización.