12/03/2026 10:14 - Economia
La Argentina dio un paso decisivo hacia el cierre de uno de los capítulos más complejos de su historia financiera. El 11 de marzo de 2026, representantes del Estado argentino informaron a la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York que alcanzaron un principio de acuerdo con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían litigios activos por el default de la deuda declarado en 2001.
El acuerdo suspende temporalmente todos los procedimientos judiciales pendientes, incluyendo las solicitudes de embargo sobre activos nacionales. Los fondos presentaron un escrito ante el tribunal solicitando dejar en suspenso el proceso mientras se avanza hacia el cierre definitivo de la conciliación.
| Fondo | h>Sede h>Año de inicio del litigioSituación previa | ||
|---|---|---|---|
| Attestor Master Value | Islas Caimán | 2014 | Reclamaba cobro de bonos default adquiridos tras su fundación en 2012 |
| Bainbridge Fund | Estados Unidos | 2016 | Sentencia firme por USD 95 millones más intereses |
Ambos fondos representan menos del 3% de los tenedores originales de la deuda en default. La gran mayoría de los litigios se resolvieron en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Argentina pagó aproximadamente USD 9.300 millones a los acreedores que habían rechazado las reestructuraciones de 2005 y 2010.
El representante legal de ambos fondos, Dennis Hranitzky, es un nombre conocido para Argentina. En 2012, este abogado representó al fondo NML-Elliott Capital Management en el litigio que culminó con la detención de la Fragata Libertad en Ghana, un episodio que marcó la historia de las disputas por la deuda soberana argentina.
Hranitzky confirmó el acuerdo: "Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo".
El 23 de diciembre de 2001, Argentina declaró el mayor default soberano de la historia hasta ese momento, con una deuda impaga de aproximadamente USD 100.000 millones. La crisis económica derivó en una devaluación del 75% y una caída del PBI del 11%.
En 2005 y 2010, el gobierno de Néstor Kirchner lanzó dos procesos de reestructuración que lograron que aproximadamente el 93% de los acreedores aceptaran canjear sus bonos por nuevos títulos con quita del 70%. Sin embargo, el 7% restante (los holdouts) rechazó la oferta y continuó litigando.
El conflicto escaló en 2012 cuando el fondo NML logró que un tribunal de Ghana ordenara la captura de la Fragata Libertad, un buque escuela de la Armada Argentina. La fragata permaneció retenida durante 72 días hasta que la Corte de Ghana ordenó su liberación.
Un fondo buitre es un tipo de fondo de inversión que compra deuda soberana en default a precios muy bajos (a veces por centavos de dólar) con el objetivo de litigar para cobrar el valor nominal completo más intereses. A diferencia de otros acreedores que negocian reestructuraciones, los holdouts rechazan los canjes y buscan fallos judiciales que les permitan embargar activos del país deudor.
Esta estrategia, legal pero polémica, se basa en el principio de que los contratos de deuda soberana no pueden ser modificados sin el consentimiento de todos los tenedores. Los holdouts esperan que el país necesite volver a los mercados de capital y termine pagando para limpiar su situación jurídica.
La magistrada estadounidense Loretta Preska tiene a su cargo tanto este litigio como el caso de la expropiación de YPF. En 2025, autorizó a Bainbridge a percibir parte de la deuda mediante la transferencia del paquete accionario de la petrolera, aunque la medida no se materializó. El acuerdo actual desactiva esa posibilidad.
El acuerdo con Attestor y Bainbridge cierra prácticamente el último capítulo de una saga que duró más de dos décadas. Argentina había normalizado su situación con la mayoría de los acreedores en 2016 con un pago de USD 9.300 millones, y posteriormente cerró otros litigios menores. Este principio de acuerdo representa el despeje final de un obstáculo que condicionó el acceso de Argentina a los mercados internacionales de crédito durante años.
El gobierno deberá ahora formalizar los términos de la conciliación y obtener la aprobación judicial para el cierre definitivo del caso.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones