Contexto y antecedentes

La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793) fue aprobada por el Congreso en julio?2025. Desde su promulgación, el gobierno de Javier Milei intentó, sin éxito, vetarla y luego suspenderla mediante el Decreto 681/2025, alegando falta de financiamiento presupuestario.

En diciembre?2025 el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana declaró nula la suspensión y fijó como plazo definitivo el 4?de?febrero?de?2026 para que la norma entrara en vigor.

El Decreto 84/2026

El 3?de?febrero?de?2026 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 84/2026, firmado por el presidente Javier?Milei, el Jefe de Gabinete Manuel?Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico?Sturzenegger. Con él se reglamenta la Ley de Emergencia en Discapacidad y se pone en marcha de inmediato.

Nuevo régimen de pensiones

• Se crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
• Todas las pensiones otorgadas antes de la vigencia del decreto se convertirán “de oficio” al nuevo esquema, previa verificación.
• Se establecen criterios de acceso, incompatibilidades con otros beneficios y requisitos de permanencia.
• Se define un proceso de auditoría obligatoria para las prestaciones otorgadas antes del 4?febrero?2026.

Reorganización institucional

• La Secretaría Nacional de Discapacidad queda adscrita al Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad.
• Se instruye a la Secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios socio?económicos y presentar, en máximo 30?días, un plan de auditorías periódicas.
• Se mantiene la participación de la sociedad civil a través del Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor.

Aspectos presupuestarios

El decreto reitera la preocupación fiscal del Ejecutivo: los acuerdos con provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán respetar los recursos disponibles y la distribución de competencias. No obstante, el texto aclara que la reglamentación no constituye reconocimiento de los fundamentos del fallo judicial.

Reacciones

Organizaciones de la sociedad civil y la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis) agradecieron la claridad sobre la conversión de pensiones, pero advirtieron que el esquema intensifica controles administrativos y que el alivio fiscal resulta parcial frente a la crónica insuficiencia de aranceles.

El Gobierno sostiene que la medida garantiza la continuidad del apoyo a miles de argentinos con discapacidad, mientras que la Justicia confirmó la obligatoriedad de su puesta en marcha.

Fuentes

• MinutoUno
• Página?12
• La Voz