Detenciones y cargos

Los detenidos, Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, fueron puestos bajo custodia el 29 de diciembre de 2025 tras el allanamiento de su domicilio en La Plata. La fiscal Betina Lacki solicitó al juez de Garantías Juan Pablo Masi una prórroga de quince días en la medida de detención, mientras se continúan las investigaciones y se recaban pruebas testimoniales y periciales.

¿Qué es “La Orden de la Luz”?

Según la investigación, la agrupación se estructuraba como una secta de carácter coercitivo. Rodríguez se hacía llamar “Dios Kiei”, presentándose como un semidiós guerrero, mientras que Silva Muñoz actuaba como “Sensei” o maestra espiritual. Las víctimas describieron un proceso de captación que iniciaba con ofertas de pasantías o becas en el ámbito estatal y culminaba en rituales de “reentrenamiento espiritual” donde se les obligaba a mantener relaciones sexuales con el líder.

Modus operandi y testimonios

Al menos cinco mujeres denunciaron haber sido agredidas entre 2015 y 2023. Los relatos incluyen amenazas con cuchillos y navajas, flagelaciones, intentos de apagar fuego con las manos y otras prácticas de violencia extrema. Algunas agresiones se habrían producido dentro de la propia sede del Senado y en la vivienda particular de Silva Muñoz.

Vínculos políticos

Rodríguez y Silva Muñoz son integrantes del movimiento Ciudadano La Capitana, una escisión del peronismo kirchnerista. Ambos ocuparon cargos en la lista de la interna 2019 encabezada por Victoria Tolosa Paz y Silva Muñoz fue precandidata a concejal en La Plata en 2021 por el Frente de Todos.

Avances judiciales

La Fiscalía ha imputado a Rodríguez como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado y a Silva Muñoz como partícipe necesaria. Se está investigando también la posible participación de funcionarios del Ministerio de Seguridad y del área de Género del Senado, que podrían haber sabido de los hechos y encubierto la situación.

Próximos pasos

Se esperan nuevas declaraciones testimoniales, peritajes a dispositivos incautados y la solicitud de informes al propio Senado para determinar la fecha de incorporación y las condiciones laborales de los detenidos. El caso sigue bajo la jurisdicción del Poder Judicial bonaerense y podría ampliarse a otras figuras institucionales.