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02/12/2025 10:03 • POLITICA • POLITICA
El 1 de diciembre de 2025 el juzgado federal a cargo del Juez Federico Funes admitió una serie de denuncias adicionales que se suman a los hechos ya documentados en los cuadernos encontrados por el periodista Jorge Lanata en 2018. Estas nuevas imputaciones apuntan a funcionarios y empresarios vinculados a obras públicas realizadas entre 2007 y 2021, ampliando el espectro de la supuesta trama de coimas.
En la misma audiencia, la defensa encabezada por el abogado Juan Manuel Sepúlveda solicitó que los próximos debates se lleven a cabo de forma presencial, argumentando que la modalidad virtual vulnera el derecho de defensa y dificulta la valoración de pruebas periciales. La Fiscalía, representada por la Fiscalía Federal Anticorrupción, se mostró a favor de la continuidad de los actos en formato virtual, citando la necesidad de agilizar el proceso.
Los “Cuadernos de las coimas” son una serie de documentos manuscritos que detallan supuestos pagos de sobornos a funcionarios de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio?Macri. Desde que la causa se abrió en 2023, el proceso ha atravesado varias etapas, incluyendo testimonios de exfuncionarios, peritajes financieros y debates entre diferentes juzgados sobre la jurisdicción competente.
Durante la audiencia del 1 de diciembre, el tribunal escuchó testimonios que hacen referencia a la vicepresidenta Cristina Kirchner como figura central en la cadena de pagos. Si bien la expresidenta no ha sido formalmente imputada, su nombre figura repetidamente en los registros de los cuadernos y en los informes de la fiscalía, lo que mantiene la presión política y mediática sobre su gestión.
La causa sigue siendo objeto de controversia entre distintos magistrados. El Juez Funes sostiene que la ampliación de las denuncias justifica un mayor uso de la figura de la audiencia presencial, mientras que el Juez Luis?Martínez – quien preside la sala donde se celebran los debates – defiende la continuidad de la modalidad virtual, argumentando que el proceso ya ha generado una gran carga de trabajo que no permite retrasos.
El tribunal fijó la próxima audiencia para el 15 de diciembre de 2025, fecha en la que se decidirá si se adoptará la modalidad presencial y cómo se incorporarán las nuevas pruebas al expediente. La sociedad civil y diversas organizaciones de derechos humanos han pedido transparencia total y el avance rápido del proceso para restablecer la confianza en las instituciones.