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20/11/2025 19:03 • POLITICA • POLITICA
Los "Cuadernos de la Corrupción" fueron descubiertos en 2018 por el fiscal Ariel Lijo. En una serie de libretas amarillas, varios operativos de la empresa confitería Lanvin anotaban el ingreso de cientos de miles de dólares en efectivo, entregados a funcionarios de la Nación a cambio de contratos públicos. El escándalo dio origen a una extensa investigación que involucró a derechas y a la dirigencia del peronismo.
El 18 de noviembre de 2025 se celebró la tercera audiencia del juicio oral en el Juzgado Federal N.º?12, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los presentes estuvieron la ex Presidenta Cristina?Fernández de Kirchner, su ex ministro de Relaciones Exteriores Jorge Fernández, el ex titular de la ANSES Hernán?Cooper y varios empresarios vinculados al caso.
Uno de los testimonios que ha generado mayor revuelo proviene de un ex funcionario que declaró: "En la época de Cristina?Kirchner también llevábamos los bolsos con dinero". La frase alude a la práctica de trasladar efectivo en maletines durante los viajes oficiales, una conducta que, según los fiscales, forma parte de un esquema de coimas estructurado.
En el lenguaje jurídico argentino, la coima es un soborno o pago irregular que se realiza a un funcionario público a cambio de un beneficio concreto, como la adjudicación de una obra o la concesión de un servicio. En este caso, los cuadernos describen pagos que oscilaron entre USD?5.000 y USD?250.000 por operación.
El pasado 5 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación, resolvió facilitar la continuidad del juicio oral, evitando dilaciones y permitiendo una mayor celeridad en la audiencia. La decisión se tomó bajo el argumento de que el proceso había alcanzado una fase de concentración de pruebas que requería una pronta resolución.
El avance del juicio ha reavivado el debate sobre la corrupción en los últimos gobiernos del peronismo y ha generado fuertes reacciones en la esfera pública. Organizaciones de la sociedad civil han pedido mayor transparencia y la sanción de los responsables, mientras que la oposición ha utilizado el caso como argumento en la campaña electoral prevista para 2026.
Se espera que la etapa oral concluya a mediados de diciembre de 2025, tras la presentación de pruebas documentales y testigos clave. Posteriormente, el tribunal emitirá su fallo, que podría conllevar penas de prisión y multas millonarias para los imputados.