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23/11/2025 02:03 • POLITICA • POLITICA
Durante la segunda semana de marzo?2024, la administración del presidente Joe?Biden emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por los intentos percibidos de socavar el proceso electoral brasileño tras las elecciones de 2022. El mensaje, dirigido a la comunidad internacional, subrayó la necesidad de respetar las instituciones democráticas y se interpretó en Brasil como una dura señal para Bolsonaro, quien había sido señalado por promover la desinformación y cuestionar la legitimidad del voto.
El 19 de marzo de 2024, el ministro del Tribunal Supremo Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizó la detención del expresidente bajo acusación de conspirar para anular los resultados electorales y de forzar la intervención militar. Bolsonaro fue ingresado en la zona de alta seguridad del Departamento Penitenciario de Presidente?Vargas, una cárcel de régimen cerrado en el estado de Paraná.
Los hijos de Bolsonaro, Carlos y Eduardo, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional de la República, acusando a de Moraes de “querer matar al ex presidente”. Según su alegato, el juez habría vulnerado garantías constitucionales y buscado una persecución política. La denuncia no ha sido aceptada por el tribunal, que mantiene la medida preventiva.
Informes de medios argentinos revelan que, a pesar de la naturaleza restrictiva del recinto, Bolsonaro cuenta con ciertos lujos: una celda privada equipada con televisión por satélite, aire acondicionado y acceso a internet limitado. Estos detalles han generado debate público sobre la igualdad de trato entre presos comunes y figuras políticas de alto perfil.
En una nueva resolución judicial, la Fiscalía acusó a Bolsonaro de planear una fuga mediante contactos externos y de intentar manipular el traslado a una prisión de menor seguridad. Como consecuencia, el magistrado confirmó su permanencia en la cárcel de alta seguridad, descartando la posibilidad de trasladarlo a un establecimiento penitenciario común.
El golpe diplomático de la Casa Blanca, sumado a la medida judicial, ha intensificado la polarización en Brasil. Mientras los simpatizantes de Bolsonaro califican la acción estadounidense como una injerencia, los opositores la describen como una defensa legítima de la democracia. El caso sigue bajo escrutinio internacional y podría influir en futuras relaciones bilaterales entre Brasil y EE.?UU.