El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, de 70 años, fue puesto bajo prisión preventiva por el Supremo Tribunal Federal el 20 de noviembre de 2025. La medida busca evitar un supuesto intento de fuga mientras se investigan cargos de corrupción y actos contra la democracia, generando una fuerte reacción tanto del gobierno como de sus seguidores.

Antecedentes judiciales

Jair Bolsonaro (nacido el 21 de marzo de 1955) enfrenta una serie de procesos penales que incluyen acusaciones de malversación de fondos públicos, irregularidades en la compra de vacunas durante la pandemia y presunta incitación a la violencia contra instituciones democráticas. Estas investigaciones han sido conducidas por la Fiscalía Federal y el Ministerio Público, y han escalado hasta el Supremo Tribunal Federal (STF), máximo órgano judicial de Brasil.

Orden del STF y razones de la detención

El 20 de noviembre de 2025, el STF emitió una orden de prisión preventiva contra Bolsonaro, argumentando que existen indicios claros de un "intento de fuga". El tribunal señaló que el ex mandatario tiene acceso a recursos financieros y contactos internacionales que podrían facilitar su salida del país antes de que se dictamine sentencia.

Detención y la "Sala de Estado"

Tras la orden, Bolsonaro fue detenido en su residencia en Brasilia y trasladado a la llamada "Sala de Estado", una celda de alta seguridad ubicada en la sede de la Policía Federal. Según informes de Clarín, la celda cuenta con baño privado, aire acondicionado y un televisor, y es utilizada habitualmente para albergar a personajes de alto perfil durante procesos judiciales.

Reacciones de la defensa

El equipo legal de Bolsonaro anunció que apelará la medida, alegando que la prisión preventiva pone en riesgo su vida y que no existen pruebas contundentes de un plan de fuga. En declaraciones a Infobae, el abogado defensor indicó que la medida es "política" y llamó a la comunidad internacional a observar el caso.

Implicancias políticas y sociales

La detención ha polarizado a la opinión pública brasileña. Mientras sectores conservadores lo describen como una persecución política, organizaciones de derechos humanos han señalado que la decisión busca preservar la integridad del proceso judicial. El caso también plantea preguntas sobre la estabilidad institucional del país y la capacidad del STF para ejercer autoridad frente a expresidentes.

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