27/03/2026 02:06 - Actualidad
El tribunal oral federal de Santa Cruz continúa en Río Gallegos el debate por una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente argentina: el hundimiento del submarino ARA San Juan el 15 de noviembre de 2017, con 44 tripulantes a bordo.
El contraalmirante retirado Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, quien fue Inspector General de la Armada entre 2016 y 2022, declaró durante más de dos horas en la séptima audiencia del juicio oral que se desarrolla en Río Gallegos.
Su declaración se centró en una teoría técnica que rechaza la idea de una causa única del siniestro: "Normalmente estas cosas ocurren de manera multicausal, es decir, no es una causa sino una concatenación de causas", explicó el testigo.
Pérez Bacchi fundamentó su explicación en conceptos de gestión de riesgos, materia que estudió durante años. Según su visión, los sistemas de seguridad se diseñan con múltiples barreras: adiestramiento del personal, estado de los medios, vigilancia de condiciones. "Cuando alguna de esas capas falla, aparece un pequeño orificio, y cuando esos orificios se alinean, se produce el accidente", describió.
El ISGA elaboró una auditoría sobre el Comando de la Fuerza de Submarinos que señaló deficiencias que "dificultaban" el alistamiento del ARA San Juan, aunque Pérez Bacchi aclaró que esto no lo hacía imposible.
El documento firmado por el entonces inspector general, contraalmirante Guillermo Lezana, en diciembre de 2016, concluyó respecto al submarino:
Pérez Bacchi también describió una auditoría realizada por orden del almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur entre el 25 y 27 de noviembre de 2017, mientras aún se desarrollaba el operativo de búsqueda del submarino desaparecido.
Esa inspección en la sede del COFS en la Base Naval de Mar del Plata detectó que "la ausencia de documentación o la existencia de documentación poco confiable ha sido una debilidad reflejada en los hallazgos localizados".
Además, consignó que parte de la documentación relevante del submarino se encontraba a bordo de la unidad, sin existir originales o copias en la sección administrativa en tierra.
| Imputado | Cargo al momento del hecho |
|---|---|
| Claudio Javier Villamide | Comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) |
| Luis López Mazzeo | Titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA) |
| Héctor Alonso | Jefe del Estado Mayor del COFS |
| Hugo Correa | Responsable de comunicaciones submarinas |
Los cuatro enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Todos han negado las acusaciones en sus declaraciones indagatorias.
El proceso judicial busca determinar si existieron negligencias u omisiones en la cadena de mando que habilitaron la salida del submarino en condiciones de riesgo. La acusación sostiene que el buque operaba con un nivel de riesgo superior al permitido, mientras que las defensas argumentan que, pese a las observaciones técnicas, el submarino se encontraba en condiciones de navegar.
El tribunal está integrado por Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez. El juicio continúa en Río Gallegos.
Los restos del submarino fueron hallados un año después del hundimiento, a 907 metros de profundidad. El último mensaje SITREP del 15 de noviembre de 2017 a las 06:00 reportó ingreso de agua de mar a las baterías de proa, cortocircuito e incendio controlado.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones