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Cortes de glaciares: polémica por la restricción de la audiencia pública a solo 200 oradores

23/03/2026 05:07 - Politica

Casi 100.000 personas se inscribieron para participar en las audiencias sobre la modificación de la Ley de Glaciares, pero el oficialismo limitó la participación oral a solo 200 expositores. Organismos ambientales presentaron medidas cautelares y denuncian que el proceso viola el Acuerdo de Escazú. La reforma permitiría actividades mineras en zonas periglaciares que alimentan 36 cuencas hídricas.

Una movilización récord que chocó con una pared burocrática

La modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, aprobada por el Senado el 26 de febrero de 2026, despertó una respuesta ciudadana sin precedentes en Argentina. Cerca de 100.000 personas se inscribieron para expresar su opinión en las audiencias públicas convocadas para los días 25 y 26 de marzo de 2026.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, instruyó a los diputados Nicolás Mayoraz y José Peluc, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales respectivamente, para restringir drásticamente la participación: solo 200 oradores podrán exponer oralmente, lo que representa menos del 0,3% de los inscriptos.

¿Qué establece la reforma?

La modificación redefinió el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en las áreas periglaciares que representan el 0,21% del territorio continental argentino. Aunque parezca una cifra pequeña, estas zonas son fundamentales para la provisión de agua, ya que alimentan 36 cuencas hídricas en todo el país.

La maniobra para limitar la participación

Según informó La Política Online, Menem ordenó que se cerrara herméticamente la sala del Congreso donde se realizarán las audiencias. La notificación enviada por el diputado Mayoraz establece que solo podrán ingresar:

  • Diputados miembros de las dos comisiones intervinientes
  • Los expositores citados para manifestarse de forma presencial
  • Personal parlamentario
  • Solo dos asesores por bloque

El resto de los inscriptos deberá enviar sus presentaciones por escrito o subir un video a YouTube y remitir el enlace, algo que organizaciones ambientalistas consideran una violación al sentido mismo de la audiencia pública.

El Acuerdo de Escazú en jaque

El Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina en 2018, establece estándares mínimos de participación ciudadana en decisiones ambientales. Exige que los ciudadanos puedan estar presentes cuando otros expongan para enriquecer sus aportes y debatir las posiciones.

El director de la Fundación Vida Silvestre, Manuel Jaramillo, advirtió que "el proceso participativo no cumple con lo establecido en la Ley General del Ambiente, ni con el acuerdo de Escazú, cuestión que anticipa posibles solicitudes de impugnación por vía judicial".

Cautelares presentadas

Organismos como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron una medida cautelar en el Juzgado Contencioso N°7 a cargo del juez Enrique Lavie Pico.

La cautelar pide que se ordene al Congreso "garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos" mediante la ampliación del cronograma de audiencias y la adopción de medidas organizativas necesarias.

Sin embargo, el juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado Contencioso N°5, rechazó otra cautelar presentada por los activistas Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis con argumentos similares.

Impacto ambiental de la reforma

La especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, Agostina Rossi, explicó que "los glaciares y ambiente periglacial alimentan a 36 cuencas hídricas que llegan a todo el país". La modificación permitiría actividades mineras con explosivos en alta montaña, que degradan el ambiente de manera prácticamente irreversible.

El abogado de FARN, Cristian Fernández, alertó que "el agua dejaría de ser un derecho humano fundamental para convertirse en un mero insumo de la industria extractiva de la mega minería".

El investigador en glaciología Lucas Ruiz advirtió sobre el riesgo de que "estudios elaborados por consultores mineros" determinen arbitrariamente qué glaciares proteger, basándose en criterios como tamaño o contenido de hielo.

Antecedentes: Mendoza ya aprobó 8 proyectos

Las autoridades provinciales de Mendoza ya aprobaron ocho proyectos de exploración enteramente en ambiente periglacial. Según organizaciones ambientalistas, la modificación de la Ley de Glaciares podría servir para "subsanar el proceso irregular" por el cual se otorgaron estas Disposiciones de Impacto Ambiental.

Durante la apertura de sesiones del Congreso, el presidente Javier Milei afirmó que la minería podría generar "un millón de puestos de trabajo" en el país, una cifra cuestionada por organizaciones que elaboraron el documento "10 mitos y falacias sobre la Ley de Glaciares".

Datos sobre empleo y exportaciones mineras

El legislador Máximo Kirchner presentó cifras oficiales durante una charla junto a la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar:

ProvinciaExportaciones 2015Exportaciones 2025
Santa CruzUSD 1.520 millonesUSD 2.124 millones
San JuanUSD 948 millonesUSD 1.475 millones
JujuyUSD 95 millonesUSD 945 millones

Sin embargo, el empleo registrado en el sector minero solo creció de 87.459 trabajadores en 2015 a 89.511 en 2025, es decir, apenas 2.000 puestos más en diez años, mientras las exportaciones se multiplicaron.

¿Qué son los glaciares y ambientes periglaciares?

Los glaciares son masas de hielo formadas por la acumulación de nieve a lo largo de años, que fluyen lentamente. El ambiente periglaciar es la zona circundante donde el suelo permanece congelado (permafrost) y hay procesos de congelamiento-deshielo. Ambos funcionan como reservorios de agua dulce, regulando el caudal de ríos y abasteciendo a poblaciones en zonas áridas.

Próximos pasos

Las audiencias públicas están programadas para el 25 y 26 de marzo de 2026. Si el oficialismo logra acelerar el tratamiento, la Cámara de Diputados podría votar la reforma en abril. Organizaciones ambientales evalúan movilizaciones al Congreso y preparan acciones judiciales si se avanza con la norma sin participación ciudadana adecuada.


Fuentes: Deutsche Welle | La Política Online

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