07/03/2026 21:03 - Economia
La Ley N° 27.802 de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, introduce cambios significativos que impactan directamente en las relaciones laborales existentes. A diferencia de lo que muchos suponen, la normativa no solo regula las contrataciones futuras, sino que modifica las reglas de juego para todos los trabajadores.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue claro al respecto: "La reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos". Esta afirmación confirma que los cambios alcanzarán tanto a contratos previos como a los que se celebren después de la promulgación.
Uno de los puntos más debatidos es la transformación del régimen indemnizatorio. La ley establece un tope de 3 veces el salario promedio del convenio colectivo y abre la posibilidad de reemplazar el sistema tradicional por fondos de cese laboral o modelos de capitalización, similares a los del sector de la construcción.
Para las relaciones laborales previas, la fecha de entrada en vigor es determinante: si el despido ocurre después de la promulgación, el cálculo se realizará bajo las nuevas reglas. Esto significa que quienes ya están contratados también verán modificados sus derechos en caso de desvinculación.
Los créditos laborales se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés adicional del 3% anual. El objetivo es preservar el valor real durante la tramitación judicial.
Para procesos judiciales ya iniciados, los intereses moratorios se calculan según la tasa del BCRA, pero con un límite máximo equivalente al capital actualizado por IPC más 3% anual.
En cuanto al período de prueba, existe una distinción clara: quienes ya hayan superado los 3 meses anteriores mantienen su estabilidad laboral como un derecho adquirido que no puede ser revertido por la nueva normativa.
El banco de horas permite que las horas extra se compensen con días libres en lugar de pagos adicionales. Para trabajadores ya empleados, la adopción de este sistema requiere acuerdo entre empleador y trabajador, y no será automático.
La reforma también modifica la situación de quienes trabajan en plataformas digitales de reparto y transporte, excluyéndolos de la Ley de Contrato de Trabajo y reconociéndolos como independientes con un régimen especial. Esto dificultará futuros reclamos por reconocimiento de relación de dependencia.
En materia de informalidad, la ley busca promover el registro de trabajadores no declarados, ofreciendo a los empleadores la condonación de deudas y sanciones bajo un esquema que facilita la desvinculación.
La CGT ya presentó un amparo judicial ante el Juzgado Contencioso N°7 para frenar la aplicación de los artículos relacionados con el traspaso de fuero laboral. El argumento central es que la normativa violaría el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los principios de la OIT y el Pacto de San José de Costa Rica.
El juez Enrique Lavie Pico, quien ya frenó el decreto de desregulación del gobierno en 2024, está a cargo del caso.
La reforma introduce mayor previsibilidad en el cálculo de pasivos laborales para las empresas. Hasta ahora, los distintos tribunales aplicaban tasas y criterios de actualización diferentes, generando incertidumbre sobre el monto final de los juicios.
Sin embargo, el impacto real dependerá de la evolución de la inflación. En un contexto inflacionario elevado, la actualización por IPC puede generar incrementos significativos en las indemnizaciones finales.
Los abogados laboralistas consideran que la posibilidad de impugnar la aplicación inmediata es escasa, ya que aunque la relación laboral haya nacido al amparo de otra ley, el hecho generador (el despido) ocurre bajo la nueva normativa.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones