Imago Noticias
Unión aplasta a Gimnasia de Mendoza con victoria 4-0 en el Apertura 2026
Microrobots de proteína atacan tumores con precisión milimétrica
Descubren equipos neonatales del Hospital Materno Infantil en clínica privada de Salta
Descubren cómo la inhibición de la proteína PTP1B podría frenar el Alzheimer
05/02/2026 12:10 • Politica
El 4 de febrero de 2026, la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) declaró que la ley de amnistía presentada por el gobierno interino venezolano "representa un paso significativo para acabar con la represión y avanzar hacia la reconciliación nacional, la justicia efectiva y el respeto a las libertades fundamentales".
La iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca liberar a los presos políticos detenidos entre 1999 y la actualidad. Excluye a quienes hayan sido condenados por homicidios, tráfico de drogas o violaciones graves de derechos humanos. Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el proyecto "establecerá los mecanismos mediante los cuales las personas puedan recuperar la libertad siempre que cumplan los criterios de la ley".
El bloque europeo subrayó que la liberación iniciada debe continuar hasta que todos los presos políticos recuperen la libertad. Además, resaltó el cierre del centro de detención “El Helicoide”, considerado por ONG como sitio de torturas, que la presidenta Rodríguez planea transformar en un espacio deportivo. La UE indicó que apoyará "un proceso pacífico e inclusivo" hacia la restauración de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
El proyecto de amnistía fue presentado de forma urgente al Parlamento el 1 de febrero. El diputado Tomás Guanipa pidió "celeridad" y su colega Stalin González anticipó un primer debate para el jueves, 6 de febrero. Hasta la fecha, la ley no ha sido discutida en sesión parlamentaria.
Si se aprueba, la amnistía marcaría la segunda gran medida de este tipo en la era chavista (la primera fue en 2007 bajo Hugo Chávez) y podría abrir un nuevo espacio de diálogo entre el gobierno interino y la oposición, siempre que se excluyan los crímenes de lesa humanidad.