La Municipalidad de Pinamar presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar que prohibió el uso de cuatriciclos, 4x4 y UTV en la zona conocida como “La Frontera”. El municipio argumenta falta de debido proceso, presunción de inacción y excedencia de competencias, y exige que el juez revoque la orden mientras se realiza una inspección judicial.
Antecedentes y contexto
La zona de "La Frontera" o "La Olla", ubicada en la costa de Pinamar, se ha convertido en un punto de encuentro para actividades recreativas con vehículos todo terreno – cuatriciclos, utilitarios de turismo (UTV) y camionetas 4x4 – donde se realizan pruebas de destreza y picadas. Tras varios accidentes, incluido el grave incidente del 8?años Bastián Jerez, el Juzgado Civil y Comercial N.º 4 de Dolores, bajo la autoridad del magistrado Félix Adrián Ferrán, dictó una medida cautelar que prohibió estas prácticas.
El recurso de la Municipalidad
El 5 de febrero de 2026, la Municipalidad de Pinamar interpuso un recurso de apelación solicitando la revocación de la medida. Entre los fundamentos principales destacan:
- Falta de debido proceso: la cautelar se dictó sin otorgar a la municipalidad un plazo razonable para presentar pruebas y argumentos.
- Presunción de inacción estatal: la medida se basó en la suposición de que el municipio no actuaba, sin que esa hipótesis haya sido verificada.
- Legitimación del demandante: el recurso cuestiona que el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, haya sido aceptado como representante colectivo sin un análisis judicial expreso.
- Competencia sobre predios privados: la prohibición recae sobre terrenos de dominio privado, cuya exclusión corresponde al propietario, no al municipio.
- Redundancia legal: las conductas prohibidas ya están tipificadas en el Código Penal, el Código de Faltas Bonaerense y ordenanzas municipales.
Reacción del Poder Judicial
El juez Ferrán, además de mantener la cautelar, ordenó:
- Una audiencia presencial para el 10 de febrero de 2026 a las 12:30, donde deberán comparecer la municipalidad y el demandante.
- Un reconocimiento judicial en el sitio, programado para el 5 de febrero de 2026 entre las 15:00 y 20:00, con el objetivo de que el magistrado conste de primera mano las condiciones del terreno.
- Que la municipalidad informe a la justicia los titulares de los inmuebles en “La Frontera” y “La Olla”, según los registros disponibles.
Implicancias para la comunidad
Si la medida se mantiene, la prohibición de vehículos permanecerá hasta que el municipio garantice señalización, delimitación y control efectivo del área. Por su parte, la municipalidad sostiene que ya ha adoptado medidas preventivas, denuncias penales y pedidos de inhabilitación para evitar incidentes.
Fuentes
