03/08/2026 22:36 - General
El 15 de noviembre de 2017 se produjo una de las mayores tragedias de la historia naval argentina: el submarino ARA San Juan desapareció en las frías aguas del Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. Para entender la magnitud de este suceso, es necesario explicar que el ARA San Juan era un submarino de la Armada Argentina, uno de los tres que poseía el país, fundamental para la defensa y soberanía de sus vastas costas patagónicas.
El submarino fue localizado recién un año después, el 17 de noviembre de 2018, por el buque Seabed Constructor de la empresa Ocean Infinity, descansando a casi 900 metros de profundidad en una zona del océano donde la presión es inmensa y las condiciones de rescate resultan imposibles con la tecnología actual.
El juicio se desarrolla en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia austral argentina. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz está integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, quienes deben resolver si existen responsabilidades penales individuales en esta tragedia.
El desafío es enorme: nadie sabe con certeza qué ocurrió durante las aproximadamente dos horas que separan la última comunicación del submarino de la implosión registrada por sensores internacionales. El submarino, principal testigo del drama, permanece inaccesible en las profundidades del mar.
Para los familiares y acusaciones particulares, el submarino nunca debió zarpar. Argumentan que existía una cadena de decisiones equivocadas, un deterioro acumulado durante años, advertencias ignoradas y una cultura institucional que naturalizó el riesgo.
Un punto central de su argumentación es la patrulla de julio de 2017, cuando el comandante informó ingreso de agua en el sector de baterías de proa, una situación que según la querella fue minimizada por las autoridades navales.
La defensa presentó cerca de noventa especialistas y marinos bajo juramento. Varios excomandantes coincidieron en que las 33 novedades técnicas y las ocho pruebas pendientes no comprometían la seguridad náutica del submarino.
Además, destacaron que 72 horas antes de perder contacto, el submarino cumplió exitosamente un ejercicio de guerra con la Flota de Mar, lo que demostraría su capacidad operativa.
Claudio Javier Villamide, de 62 años, es uno de los cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina acusados. Como excomandante de la Fuerza de Submarinos, la fiscalía solicitó para él cinco años de prisión por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.
En diálogo exclusivo con Infobae desde Río Gallegos, Villamide defendió su gestión con firmeza: "Tengo la convicción de que el buque estaba en condiciones de navegar". Sobre las novedades técnicas pendientes, explicó que "ninguna afectaba los sistemas trascendentes: propulsión, seguridad, elementos de lucha contra incendios, detección de gases, sensores principales, motores diésel o baterías".
Respecto al carenado vencido, citó al fabricante del submarino: "una demora en su realización no incide ni afecta la navegación segura del submarino".
Villamide cuestionó duramente a la cúpula naval: "A quien en ese momento encabezaba la Armada [el almirante Marcelo Srur] le faltó coraje y liderazgo". Agregó que "un grupo minoritario de acólitos que lo rodeaba, en lugar de buscar la verdad y defender el interés institucional, procuró protegerlo a él".
Villamide fue destituido en 2021 por un Consejo General de Guerra tras 38 años de servicio en la Armada Argentina. Perdió el derecho a usar el uniforme y a percibir su haber de retiro. "Es como si me hubiera muerto", describió con dolor.
Su esposa recibe actualmente una pensión del 75% de lo que le hubiera correspondido. Durante la pandemia, perdió la obra social y sintió que fue "excluido, borrado, erradicado" de una institución a la que dedicó casi cuatro décadas de su vida.
Villamide describió el esfuerzo de rescate como "máximo y absoluto". Participaron armadas de Reino Unido, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, España, Canadá, Francia, Rusia y Estados Unidos, en una muestra de cooperación internacional sin precedentes en la región.
Sobre la incógnita del hundimiento, reflexionó: "Siempre nos va a quedar esa duda. Si fue una explosión de hidrógeno, ¿cómo no detectaron el hidrógeno?".
No es la primera vez que una democracia enfrenta este dilema. Francia convivió más de medio siglo con el misterio del submarino Minerve, desaparecido en el Mediterráneo en enero de 1968 con 52 tripulantes.
Recién en 2019, gracias a tecnologías inexistentes en la época, fue localizado el casco a más de 2.300 metros de profundidad. Curiosamente, el buque que lo encontró fue el mismo Seabed Constructor de Ocean Infinity que en noviembre de 2018 permitió hallar al ARA San Juan.
"Incluso ese hallazgo no permitió despejar completamente las causas del hundimiento", recuerda el análisis histórico. Esto demuestra que incluso con el submarino encontrado, las respuestas no siempre llegan.
El juicio funciona también como una forma de reparación institucional para la sociedad argentina. Pero reparación no necesariamente significa condena. El derecho penal no fue concebido para satisfacer la necesidad emocional de identificar responsables, sino para establecer culpabilidades concretas demostradas más allá de toda duda razonable.
Como señala el análisis publicado por Ámbito: "La política administra responsabilidades amplias, la Justicia administra culpabilidades concretas". Si el tribunal concluye que persisten dudas insalvables sobre la secuencia causal del hundimiento, deberá asumir el costo institucional de decirlo, aunque frustre a una parte de la sociedad.
Al final del proceso, cualquiera sea el fallo, persistirá una realidad imposible de modificar: el mar todavía guarda parte de la respuesta. Los 44 tripulantes del ARA San Juan descansan en las profundidades del Atlántico Sur, y su memoria impulsa a la Argentina a buscar no solo justicia, sino también la verdad sobre qué ocurrió aquel 15 de noviembre de 2017.
Alfredo S. Quiroga
