Una jornada histórica en el Senado
El 7 de agosto de 2026, tras casi 12 horas de un intenso debate, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 37 votos a favor y 33 en contra. La sesión, presidida por el presidente provisional del Honorable Senado, Bartolomé Abdala, debido al viaje oficial de la vicepresidente Victoria Villarruel y del presidente Javier Milei, marcó un hito en la legislatura argentina.
La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, logró avanzar tras arduas negociaciones. Para asegurar los votos necesarios y evitar una derrota política, el oficialismo tomó la decisión de retirar dos capítulos sensibles: el referido a la flexibilización de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros (Capítulo III) y el vinculado a la Ley de Manejo del Fuego (Capítulo IV). El proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
Cambios clave para propietarios e inquilinos
El núcleo de la ley aprobada radica en una reforma profunda del régimen de desalojos, buscando dotar a la Justicia de herramientas más ágiles:
- Desalojos exprés: Todos los procesos tramitarán por vía sumarísima para acelerar las resoluciones judiciales.
- Usurpaciones: El juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble si considera verosímil el derecho invocado y el demandante preste caución juratoria.
- Reconocimiento judicial: Se establece la obligación de realizar un reconocimiento del inmueble dentro de las 72 horas para identificar a los ocupantes.
- Intimación a inquilinos: Antes de iniciar un juicio por falta de pago, el propietario deberá intimar fehacientemente y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda.
- Consignación de llaves: Si el dueño se niega a recibir las llaves, el inquilino podrá consignarlas judicialmente y quedar libre de seguir pagando alquileres.
Además, se contemplan garantías especiales cuando en la vivienda habiten menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Expropiaciones más restrictivas
La ley también endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes. La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de forma restrictiva y justificarse con precisión.
La indemnización contemplará el valor objetivo del bien y limitará el lucro cesante a un máximo del 30% del daño emergente, salvo que el afectado demuestre una pérdida mayor. Durante el debate, la ministra Patricia Bullrich cuestionó el sistema actual, asegurando que el plazo promedio para cobrar una indemnización de expropiación es de 18 años.
El costo político y el debate interno
Para conseguir la media sanción, el oficialismo debió ceder. La eliminación del Capítulo III sobre extranjerización de tierras se dio tras el rechazo de varios gobernadores y bloques dialoguistas. Horas después, también cayó la reforma a la Ley de Manejo del Fuego, manteniendo las restricciones para modificar el uso de tierras incendiadas durante 30 y 60 años.
La sesión no estuvo exenta de cruces. Bullrich tuvo un encontronazo con su compañero de banca, Joaquín Benegas Lynch, quien calificó de 'tibios' a los aliados. Además, Bullrich bloqueó el pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti para votar de manera virtual. En su defensa del proyecto, Bullrich sostuvo que 'la propiedad privada es certeza para los ciudadanos' y que con esta ley 'los argentinos van a tener justicia' frente a las usurpaciones.
Contexto de presión social
La sesión se desarrolló en un clima de alta tensión social. Afuera del Congreso, se registraron incidentes tras una represión que, según informaron organismos de derechos humanos, dejó más de 1.500 heridos y 28 detenidos. Una fotógrafa sufrió una fractura de cráneo y fue internada en el Hospital Argerich, aunque se reportó que evoluciona favorablemente.
Paralelamente, más de 50.000 personas marcharon en Buenos Aires por el Día de San Cayetano, reclamando paz, pan, tierra, techo y trabajo. Diversas figuras públicas, como la cantante Tini Stoessel, repudiaron la ley en redes sociales. Según indican algunas encuestas, casi el 80% de los argentinos apoya la imposición de límites a la venta de tierras a extranjeros, lo que explica la resistencia al capítulo retirado.
Fuentes: Senado de la Nación, El Economista, La Nación, Infobae.