31/07/2026 03:14 - Politica
Publicado el 30 de julio de 2026, el DNU 681/2026 entra en vigencia este 31 de julio de 2026, generando un intenso y necesario debate democrático en el país.
El presidente Javier Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley 25.871 de Migraciones. La nueva normativa incorpora causales para impedir el ingreso, cancelar la residencia o expulsar a extranjeros que emitan mensajes de odio, inciten a la violencia o ultrajen símbolos patrios contra la República Argentina. Un aspecto fundamental y positivo de la medida es que excluye expresamente el disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas, protegiendo así el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales.
La medida surge en un contexto particular marcado por la final del Mundial de Fútbol 2026 y una supuesta 'campaña antiargentina' en redes sociales, en la que se mencionó a figuras como Samuel L. Jackson, Rosalía, Niall Horan, Mia Khalifa y Arturo Pérez-Reverte.
El DNU lleva la firma del presidente Milei y sus ministros: Santilli, Quirno, Presti, Caputo, Mahiques, Monteoliva, Lugones, Pettovello y Sturzenegger. Según informaron medios locales, el asesor Santiago Caputo y el ministro Monteoliva fueron clave en el diseño de la norma.
La publicación del decreto se da en medio de una tensión diplomática con Brasil. El 25 de julio de 2026, durante un viaje a San Pablo, Milei realizó duras declaraciones contra el presidente brasileño, Lula da Silva. Como consecuencia, Brasil llamó a consultas a su embajador, Julio Bitelli, el 27 de julio de 2026. El canciller argentino, Pablo Quirno, ha trabajado para bajar la tensión, asegurando que no hay riesgo de ruptura bilateral, y se espera el pronto regreso del embajador. El comercio bilateral en 2025 alcanzó los 31.195 millones de dólares, reflejando la importancia de mantener vínculos sólidos.
La medida ha generado diversas opiniones que se suman al debate público, base de toda sociedad libre. Desde la oposición, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) calificó el decreto como un acto que 'parece responder más a una necesidad política personal'. La legisladora Florencia Carignano señaló la ironía de la medida, mientras que el radical Pablo Juliano lo vinculó con otros proyectos en debate, como la ley de tierras.
Desde el ámbito jurídico, la abogada del CELS, Lucía Galoppo, y el exministro Mariano Cúneo Libarona, coincidieron en la necesidad de definir claramente cómo se aplicará la norma para evitar discrecionalidad. Incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó su preocupación por las 'persecuciones imaginarias' que el presidente replicaría en redes.
El Congreso de la Nación ahora tendrá la responsabilidad de debatir este decreto, un paso fundamental para que las instituciones funcionen y se alcance el mejor consenso para el país, manteniendo siempre la mirada puesta en la protección de los ciudadanos y el respeto por las leyes.
Alfredo S. Quiroga
