La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata confirmó una medida cautelar que impide que el nuevo operador privado de AySA reduzca los estándares del servicio de agua y cloacas. El tribunal, que basó su fallo en el derecho humano al agua y el principio in dubio pro natura, derivó la causa a la Justicia Federal. El Gobierno nacional busca transferir el 90% de las acciones, con una recaudación estimada de 450 millones de dólares.

En un fallo que marca un nuevo capítulo en el conflicto por la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó el 8 de septiembre de 2026 una medida cautelar que frena la aplicación del nuevo contrato de concesión. La decisión, adoptada por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, impide que la empresa estatal modifique, reduzca, limite o suspenda sus obligaciones actuales en materia de acceso al agua potable, salud pública y protección ambiental.

La cautelar, impulsada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, no anula la privatización en sí, pero establece un límite claro: el nuevo operador no podrá prestar el servicio con estándares de calidad, sanitarios o ambientales inferiores a los actuales. El tribunal basó su decisión en el derecho humano al agua, el principio precautorio ambiental y la doctrina in dubio pro natura, que ante la duda exige optar por la solución menos perjudicial para el medio ambiente.

Competencia federal

Uno de los puntos más salientes del fallo es la decisión de derivar la causa a la Justicia Federal, dejando de lado la competencia provincial. Los magistrados argumentaron que AySA es una sociedad con participación estatal nacional mayoritaria (90%) y que su marco regulatorio es de carácter nacional, por lo que la controversia debe resolverse en ese fuero.

El proceso de privatización se enmarca en la Ley Bases y el Decreto 494, que declararon a AySA sujeta a privatización. El Gobierno nacional busca transferir el 90% del capital social a manos privadas, con una recaudación estimada en 450 millones de dólares. La apertura de sobres con las ofertas de los interesados está prevista para el 15 de septiembre de 2026.

Puntos clave del fallo
  • Medida: Confirma cautelar que impide reducir estándares del servicio.
  • Origen: Demanda del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
  • Fundamento: Derecho humano al agua, principio precautorio y in dubio pro natura.
  • Competencia: Causa derivada a la Justicia Federal.
  • Alcance: CABA y 26 municipios del Conurbano bonaerense.

Reclamos sociales y movilizaciones

La medida tiene un impacto directo en la prestación del servicio en CABA y 26 municipios del Conurbano bonaerense. Referentes de barrios populares, especialmente de Lomas de Zamora, denuncian la paralización de obras de agua y cloacas y temen que la privatización derive en cortes de servicio para quienes no puedan pagar.

En ese contexto, se registraron movilizaciones frente a la Legislatura bonaerense y se prevén marchas hacia las oficinas de AySA (11 de septiembre) y el Ministerio de Economía (15 de septiembre).

El fallo de la Cámara de La Plata se suma a una serie de controversias judiciales y políticas en torno a la privatización de la empresa de agua, que el Gobierno nacional impulsa como parte de su plan de reformas estructurales.