08/08/2026 00:12 - General
La justicia argentina se encuentra en una etapa decisiva. El Tribunal Oral Federal evalúa las pruebas presentadas contra Julio De Vido y José López, dos de los funcionarios más influyentes del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, acusados de defraudar al Estado mediante el pago de coimas en contratos públicos.
El caso Skanska se originó a partir de investigaciones en Suecia que detectaron pagos irregulares por aproximadamente 60 millones de dólares realizados por la constructora sueca para asegurar contratos de gasoductos en Argentina entre 2004 y 2006.
Julio De Vido fue ministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015, una cartera clave que controlaba las obras públicas y la política energética del país. Fue uno de los funcionarios más cercanos al matrimonio Kirchner y acumula múltiples causas judiciales.
José López fue secretario de Obras Públicas. Se hizo tristemente célebre en 2016 cuando fue filmado arrojando bolsos con millones de dólares en un convento, un caso separado que reforzó la imagen de corrupción sistémica.
Skanska es una de las constructoras más grandes del mundo, de origen sueco. Operó en Argentina durante la década de 2000, obteniendo contratos millonarios para la expansión de gasoductos. La justicia de Suecia sancionó a la empresa por violar normas anticorrupción, lo que detonó la investigación en Argentina.
Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015), Argentina vivió un proceso de fuerte intervencionismo estatal en la economía. Las obras públicas se convirtieron en una fuente gigantesca de recursos, pero también de escándalos de corrupción. El caso Skanska fue uno de los primeros en revelar un sistema de sobornos que luego se repetiría en otras investigaciones.
Los gasoductos en cuestión eran parte del plan energético del gobierno, que buscaba expandir la red de gas natural a diferentes regiones del país. Según la acusación, los contratos se adjudicaban con sobreprecios y sin competencia real a cambio de coimas.
Este juicio cierra un capítulo de casi 20 años de investigaciones. Un fallo condenatorio sentaría un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Argentina, demostrando que los delitos de hace décadas pueden perseguirse hasta sus últimas consecuencias.
Fuente: Infobae
Alfredo S. Quiroga
