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16/12/2025 22:04 • ECONOMIA • ECONOMIA
Según la investigación de la División de Fiscalía Económica (DFI) de la PFA, un grupo delictivo creó una red de documentación falsa para simular que tres empresas familiares contaban con una capacidad crediticia de cientos de millones de pesos. Con esa apariencia, los imputados solicitaron préstamos a varios bancos, logrando compromisos de crédito por un total de $1,6 billones.
Las empresas involucradas, todas del sector agropecuario del interior bonaerense, presentaron estados financieros adulterados y avales ficticios. Los bancos, confiando en la documentación y en los históricos de pago de las compañías, liberaron los fondos, que fueron rápidamente desviados a cuentas vinculadas a criptomonedas y a inversiones fantasma.
El fraude afectó a más de 30 entidades financieras y provocó pérdidas que impactaron la disponibilidad de crédito para verdaderas productoras del campo. Las empresas agrarias que estaban bajo investigación sufren ahora una caída del 30?% en su capacidad de negociación con proveedores.
Operativos conjuntos entre la DFI, la Fiscalía Federal y la Policía de Investigaciones (PI) permitieron la captura de los principales responsables y el decomiso de USD?12 millones en criptomonedas. Se incautaron también servidores con bases de datos falsificadas y se confiscaron documentos que simulaban garantías reales.
Los imputados enfrentan cargos por “estafa agravada”, “fraude bancario” y “lavado de dinero”. Además, el Banco Central emitió una alerta a todas las instituciones financieras para reforzar los protocolos de verificación crediticia, especialmente en operaciones vinculadas a sectores de alta volatilidad como el agro y la cripto?economía.
Se recomienda adoptar sistemas de conocimiento del cliente (KYC) más rigurosos, implementar análisis de inteligencia artificial para detectar incongruencias en los estados financieros y realizar auditorías externas periódicas. Estas medidas buscan evitar que futuras estafas de esta magnitud vuelvan a ocurrir.