La autoridad porteña, encabezada por el intendente Jorge Macri, ha intensificado la presión sobre el Gobierno nacional para que el proyecto de Presupuesto 2026 reconozca la deuda acumulada de la coparticipación y la destine a partidas específicas. La medida busca garantizar la liquidez de la Ciudad y evitar recortes que afecten servicios esenciales.

Contexto de la coparticipación

La coparticipación federal es el mecanismo mediante el cual los recursos tributarios nacionales se distribuyen entre la Nación y las provincias. Desde 2019 la Ciudad de Buenos Aires acumula un saldo de deuda que supera los 9.000 millones de pesos, según datos oficiales.

Demanda de la Ciudad

En noviembre de 2025, el Gobierno de la Ciudad, bajo la conducción de Jorge Macri, solicitó expresamente que el proyecto de Presupuesto 2026 incluya una partida destinada a cubrir parte de esa deuda. La intención es garantizar la continuidad de servicios como salud, educación y transporte público.

Argumentos centrales

• La deuda afecta la capacidad de gasto de la Ciudad en inversiones estructurales.
• Sin una conclusión favorable, la Ciudad tendría que recurrir a financiamiento externo con altos costos.
• La inclusión de la deuda en el presupuesto nacional reforzaría la transparencia y el equilibrio fiscal.

Posición del Gobierno nacional

El Ministerio de Economía, representado por el secretario de Hacienda, ha respondido que la inclusión de la deuda en el proyecto presupuestario requerirá un proceso de negociación con el Congreso y que “no somos ni Alberto ni Mauricio”, aludiendo a la independencia de los alcances de la administración actual.

Reacciones políticas

El PRO ha presentado un requerimiento formal al Ejecutivo, mientras que la oposición ha señalado que la medida podría generar un precedente para otras provincias con deudas similares. Asimismo, el sector empresarial ha manifestado su preocupación por la posible afectación a la inversión local.

Próximos pasos

Se espera una reunión entre representantes de la Ciudad y del Gobierno nacional en la segunda quincena de diciembre de 2025 para definir los lineamientos de inclusión. El debate en el Congreso está programado para enero de 2026, antes de la sanción definitiva del Presupuesto.