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24/11/2025 00:07 • POLITICA • POLITICA
En una madrugada de mediados de noviembre de 2025, un vehículo oficial del Concejo Deliberante de Bahía Blanca fue detenido por la Brigada de Control de Tránsito de la ciudad. Al solicitar la prueba de alcoholemia, el concejal a bordo se negó a realizarla. Según la normativa de tránsito argentina, la negativa al test es sancionable y puede derivar en la inmovilización del vehículo y la apertura de una causa administrativa.
Los agentes policiales, respaldados por la legislación vigente, procedieron a registrar el incidente y a notificar al organismo municipal. Tras la notificación, el concejal anunció su renuncia a la banca del Concejo Deliberante, comunicándolo oficialmente el mismo día del hecho.
La decisión del funcionario ha reavivado el debate sobre la obligación de los servidores públicos de respetar las normas de tránsito. Expertos en derecho administrativo señalan que la renuncia no exime al exconsejal de posibles sanciones, que podrían incluir multas o la imposición de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En Argentina, la Ley de Tránsito (Ley N° 24.449) establece que los conductores deben someterse a pruebas de alcoholemia cuando sean requeridos por la autoridad competente. La negativa constituye una contravención y desencadena un proceso sancionatorio que puede culminar en la suspensión del permiso de conducir.
El Concejo Deliberante deberá convocar a la próxima lista de suplentes definida en la boleta electoral de 2021 para cubrir la plaza que quedó vacante. La política local ya anticipa discusiones internas para la designación del reemplazo.