Una agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires disparó contra su ex pareja tras una acalorada discusión. El hombre quedó muerto y la Fiscalía abrió una causa para determinar si los disparos constituyeron legítima defensa o un homicidio calificado.

Hechos

En un barrio del distrito de Caballito, una oficial de la Policía de la Ciudad se vio inmersa en una fuerte discusión con su expareja. Según testigos, la discusión escaló rápidamente y, después de varios gritos, la agente sacó su arma de fuego y disparó, dejando al hombre sin vida. El incidente fue atendido por la Policía Federal Argentina, que acordonó la zona y recogió pruebas balísticas.

Investigación judicial

La Fiscalía de Buenos Aires ha abierto una causa judicial para esclarecer los hechos. Los investigadores analizan la grabación de cámaras de seguridad, testimonios de los vecinos y el informe pericial de las armas. El principal interrogante es si la agente actuó en legítima defensa, lo que eximiría de responsabilidad penal, o si los disparos fueron una respuesta desproporcionada que encajaría en la figura del homicidio doloso.

Marco legal

En Argentina, el artículo 22 del Código Penal establece que la legítima defensa procede cuando el agresor responde a una agresión ilegítima, actual o inminente, con una fuerza proporcional. La carga de la prueba recae sobre quien alega la defensa. En caso de que la Fiscalía determine falta de proporcionalidad, la agente podría enfrentar una pena de prisión que oscila entre 8 y 15 años, según la gravedad del delito.

Reacciones

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de la Policía han emitido comunicados. Mientras algunos piden que se aclare si la agente actuó bajo una amenaza real, otros denuncian una posible revictimización de la mujer, quien también había denunciado situaciones de violencia doméstica anteriormente.

Antecedentes

El caso se inscribe en un contexto de creciente preocupación por la violencia de género y los protocolos de actuación policial frente a situaciones de conflicto íntimo. En los últimos años, se han impulsado reformas para mejorar la formación de los cuerpos de seguridad en manejo de crisis familiares y protección de víctimas.