Una ola de protestas y denuncias convergen en Río de Janeiro para exigir la remoción del gobernador Cláudio Castro, tras un enorme operativo policial contra el Comando Vermelho que provocó al menos 120 fallecidos y horribles imágenes de cadáveres desfigurados.

Contexto del operativo

En las últimas semanas, la Policía Militar de Río de Janeiro llevó a cabo un megaoperativo contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país, conocida por su control del tráfico de drogas y la extorsión en la zona sur de la ciudad.

Resumen de la masacre

Según reportes de medios locales y de la BBC, el enfrentamiento dejó al menos 120 muertos, entre ellos civiles y miembros de la policía. Testimonios de fotógrafos de guerra revelaron escenas estremecedoras: cuerpos sin cabeza, desfigurados y marcas de balas por todo el cuerpo.

Reacción política

El hecho ha desencadenado una fuerte condena de partidos opositores, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil. Diversas iniciativas legislativas exigen la destitución inmediata del gobernador Cláudio Castro, quien asumió el cargo en 2023 tras ser elegido por el Partido del Trabajo Brasileiro (PTB).

Castro, quien anteriormente se desempeñó como alcalde de Río, ha sido señalado por su política de “mano dura” y por haber autorizado la intensificación de operativos con uso extensivo de drones y cámaras corporales, material que el propio gobierno ha difundido en redes oficiales.

Pruebas visuales

El gobierno de Río publicó una serie de videos y fotos captados por drones y equipos de cuerpo a cuerpo, mostrando la magnitud de la violencia. Los mismos materiales fueron analizados por dos informes de inteligencia de Argentina, que detallan la coordinación entre fuerzas federales y estatales, así como el elevado número de bajas civiles.

Implicancias para la seguridad pública

El operativo, aunque buscaba debilitar al Comando Vermelho, ha generado un amplio debate sobre la efectividad de las estrategias de “guerra contra el narco” en áreas urbanas densamente pobladas. Expertos advierten que la escalada de violencia puede alimentar más resentimiento y reclamos contra las autoridades.

Próximos pasos

Se espera que el Congreso del Estado abra una comisión de investigación para determinar responsabilidades y, en caso de confirmarse violaciones a los derechos humanos, iniciar procesos de juicio político contra el gobernador.