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28/01/2026 19:37 • POLITICA • POLITICA
En un tuit publicado el 28 de enero de 2026 desde su cuenta @patobullrich, la senadora Patricia Bullrich, integrante del bloque La Libertad Avanza, afirmó: "Con la nueva Ley Penal Juvenil, ambas serán investigadas por el hecho. Basta de edad como excusa: las hacen, las pagan". Con la expresión "ambas" se refiere a dos personas señaladas en un caso judicial reciente, aunque no se especifican sus identidades.
La Ley Penal Juvenil es la normativa que regula la responsabilidad penal de los menores de edad en la República Argentina. Su objetivo es equilibrar la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia con la necesidad de responder a conductas graves que afectan a la sociedad. La reforma aprobada recientemente por el Congreso introduce cambios sustanciales, entre ellos la posibilidad de que ciertos menores sean investigados y procesados bajo criterios más estrictos, reduciendo la consideración de la edad como única eximente.
El anuncio de la senadora generó una variedad de respuestas. Por un lado, sectores vinculados a la seguridad y justicia consideran que la reforma es una herramienta necesaria para combatir la criminalidad juvenil. Por otro, organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de vulnerar los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, señalando la importancia de mantener un equilibrio entre sanción y protección.
En la práctica, la nueva normativa podría acelerar los procesos investigativos contra menores involucrados en delitos como violencia de género, robos con fuerza y homicidios. Los fiscales contarán con mayor margen para iniciar investigaciones sin que la edad sea un obstáculo legal, aunque seguirán obligados a respetar los derechos fundamentales del imputado, como la defensa y el acceso a asistencia psicológica.
La declaración de Patricia Bullrich pone de relieve el impacto inmediato que la Ley Penal Juvenil tendrá en la agenda judicial argentina. Mientras el debate continúa, la medida apunta a modificar la forma en que se aborda la responsabilidad penal de los adolescentes, buscando responder a la creciente demanda social de una justicia más eficaz sin perder de vista la protección de los derechos de la infancia.