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26/01/2026 19:09 • POLITICA • POLITICA
El proyecto, que se tramitará como real decreto (instrumento legislativo que no necesita aprobación del Congreso), permitirá que cualquier inmigrante que haya estado en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que demuestre al menos cinco meses de residencia obtenga una autorización de residencia y trabajo por un año. La prueba de permanencia podrá presentarse mediante empadronamiento municipal, informes médicos, contratos de suministro eléctrico, billetes de transporte o certificados de envío de dinero.
Al admitir la solicitud, se suspenderán automáticamente los procesos de expulsión o de devolución por motivos administrativos. Tras ese año, el beneficiario podrá solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Según datos oficiales, alrededor de 415.000 argentinos viven legalmente en España, y el 44?% posee doble nacionalidad. Aunque no se conoce el número exacto de argentinos en situación irregular, la nueva norma les brinda la posibilidad de regularizar su situación bajo los mismos requisitos que el resto de los solicitantes.
El centro de análisis Funcas indica que, antes de la reforma del reglamento de extranjería de mayo de 2025, había 840.000 inmigrantes en situación irregular, de los cuales la mayoría proviene de América Latina (91?%). La última reforma, que flexibiliza el acceso al arraigo, sugiere que la cifra real podría estar cerca de medio millón de personas.
El acuerdo entre el PSOE y Podemos fue anunciado por la secretaria política de Podemos, Irene Montero, y busca reforzar la mayoría del Ejecutivo. Sin embargo, la oposición lo ha criticado: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo calificó de “disparatado”, y el dirigente de Vox, Santiago Abascal, lo describió como una “regularización masiva” que fomentaría el efecto llamada.
Un real decreto es una norma con rango de ley que el Gobierno puede emitir sin la intervención del Parlamento, siempre que la materia esté dentro de sus competencias. En este caso, el uso del real decreto permite al Gobierno avanzar rápidamente pese a la escasa mayoría parlamentaria en materia migratoria.
La tramitación del real decreto comenzará en el Consejo de Ministros y los interesados podrán presentar la documentación requerida hasta el 30 de junio de 2026. Si la solicitud es aprobada, la persona obtendrá una autorización provisional que le permitirá trabajar y acceder a la sanidad pública mientras se gestiona la autorización definitiva.
Esta medida representa una de las iniciativas migratorias más ambiciosas de la historia reciente de España y podría sentar un precedente para otras naciones que afrontan flujos migratorios similares.