El martes 20 de enero de 2026, fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en el barrio Sheij Jarrah, Jerusalén Este, y comenzaron a demoler sus instalaciones. La medida contradice la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de octubre de 2025 que obligaba a Israel a garantizar el funcionamiento de la agencia.

Demolición iniciada en la madrugada del 20 de enero

Un contingente de soldados y policías entró en la sede de la UNRWA en el barrio palestino de Sheij Jarrah, en Jerusalén Este ocupado, alrededor de las 07:00 (horario local). Tras expulsar a los guardias de seguridad, una excavadora israelí comenzó a derribar los edificios que alojan oficinas, centros de salud y aulas escolares.

Reacciones de la UNRWA y la comunidad internacional

Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, calificó la acción como "un nuevo nivel de desafío abierto y deliberado" al derecho internacional y a las inmunidades de la ONU. Declaró que la demolición “es una violación grave del derecho internacional y de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas”.

Jonathan Fowler, portavoz de la agencia, recordó que, al igual que todos los Estados miembros, Israel debe proteger la inviolabilidad de los locales de la ONU.

Contexto legal: la sentencia de la Corte Internacional de Justicia

En octubre de 2025 la CIJ dictaminó que Israel no había probado los supuestos vínculos entre la UNRWA y Hamás y ordenó al Estado israelí garantizar “las necesidades básicas” de la población civil en Gaza, así como facilitar la operatividad de la UNRWA en los territorios ocupados.

El tribunal subrayó que Israel no posee jurisdicción sobre Jerusalén Oriental, que fue ocupada en 1967 y anexionada unilaterlamente en los años 80.

Legislación israelí que precede la demolición

En diciembre de 2025 el Parlamento israelí aprobó una reforma que quitó la inmunidad de la UNRWA, permitiendo la expropiación de sus inmuebles en Jerusalén Este. Dicha normativa se basó en leyes de 2024 y 2025 que declararon a la agencia “ilegal” en territorio israelí y establecieron una política de “no contacto” con organizaciones gubernamentales.

Consecuencias previstas

Según la UNRWA, se espera el corte del suministro de agua y electricidad a sus instalaciones en las próximas semanas, lo que afectaría a centros de salud y educación que atienden a cientos de miles de refugiados palestinos.

Implicaciones internacionales

La comunidad diplomática ha condenado la medida, señalando que representa un precedente peligroso para cualquier oficina de la ONU o misión internacional en zonas de conflicto. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU está evaluando posibles sanciones.

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